Unidad Central de Seguridad Privada (USCP). Un pilar fundamental para el sector
La Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía tiene como principal misión regular, supervisar y controlar las actividades de seguridad privada, garantizando que estas se desarrollen en conformidad con la normativa vigente. En un sector que experimenta un crecimiento constante, el papel de la UCSP es clave para asegurar la adecuada convivencia entre la seguridad pública y privada, promoviendo un marco de colaboración eficaz que beneficia a la sociedad en su conjunto. Desde sus orígenes en los años 70 hasta su consolidación como un pilar esencial de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la UCSP ha evolucionado para garantizar el cumplimiento de la ley y promover una colaboración efectiva entre la seguridad pública y privada.
Origen y evolución histórica
El desarrollo del servicio policial dedicado a la seguridad privada en España ha transcurrido en paralelo a la evolución normativa de esta actividad. Sus orígenes se remontan a los años 70, cuando se constituyó el primer embrión de lo que hoy conocemos como Unidad Central de Seguridad Privada. Inicialmente, el organismo estaba integrado por un Subcomisario y cuatro funcionarias de los Cuerpos Generales de la Administración, operando bajo el nombre de Negociado de Seguridad de Empresas. Su sede original se ubicaba en la Puerta del Sol, dentro de la Secretaría General de la Comisaría General de Orden Público.
Durante los años 80, la creciente actividad de la seguridad privada hizo evidente la necesidad de un mayor control y supervisión. En 1984, el Decreto 669/84 otorgó un reconocimiento legal a la Unidad, bajo la denominación de Sección de Seguridad e Instalaciones y ubicándolo bajo la dependencia de la Comisaría General de Documentación. A partir de este momento, comenzó la expansión de su estructura y competencias.
En 1984, se incorporaron cuatro inspectores al servicio. Entre 1985 y 1990, en respuesta al crecimiento del sector, se llevó a cabo un plan de formación en seguridad privada para más de 300 inspectores/as. Paralelamente, la Policía fue creando grupos de seguridad privada, con el objetivo de asesorar, tramitar y supervisar el desarrollo de la actividad en sus respectivos territorios.
En 1993, la Sección de Seguridad e Instalaciones adquirió la categoría de Servicio, pasando a denominarse Servicio Central de Seguridad Privada, siendo adscrita a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
Por fin, en 1997, el Servicio adquiere su denominación actual: Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP). Desde el año 2003, la sede central de la UCSP se encuentra en Rey Francisco, 21, en un edificio exclusivo del Cuerpo Nacional de Policía.
Estructura y funciones de la UCSP
Actualmente, la UCSP está estructurada en la Brigada Central de Empresas y Personal y la Brigada Central de Inspección e Investigación. La primera es la encargada del control e inspección de centros de formación para vigilantes de seguridad, acreditación de profesorado, pruebas de selección para habilitar personal de seguridad privada, autorización y registro de nuevas empresas de seguridad y habilitación del personal en sus distintas especialidades.
En cuanto a la Brigada Central de Inspección e Investigación, se ocupa de la supervisión de los servicios prestados por empresas de seguridad, inspección de establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, control de despachos de detectives privados, investigación de empresas y personal no autorizado para ejercer funciones de seguridad privada y captación de información sobre hechos delictivos que afectan a la seguridad ciudadana.
Además de estas brigadas, existen Grupos o Secciones, la Unidades Territoriales (UTSP) dedicadas a la Seguridad Privada en todas las capitales de provincia y localidades de importancia, integradas en las Brigadas de Seguridad Ciudadana.
Actividades de la UCSP
En su calidad de Autoridad Nacional de Control en el ámbito de la seguridad privada, la UCSP tiene múltiples funciones, entre las que destacan la supervisión y control del sector, la prevención e investigación de infracciones, la colaboración y relaciones institucionales y la elaboración y desarrollo normativo.
En cuanto a la supervisión del sector, la UCSP, además de lo mencionado arriba, se encarga de incoar y resolver expedientes sancionadores.
A nivel de colaboración institucional, actúa como enlace entre la seguridad privada y la Policía Nacional, gestiona la Red Azul para la cooperación con empresas privadas y capta, analiza y comparte información relevante para la seguridad.
En cuanto a su función normativa, la UCSP participa en la redacción de leyes y reglamentos sobre seguridad privada, y asesora a empresas y profesionales del sector.
Uno de los ejes estratégicos de la UCSP es la colaboración con el sector privado. A través de iniciativas como la Red Azul, se fomenta la cooperación entre empresas de seguridad y la Policía Nacional. Entre sus principales beneficios se encuentran la protección de infraestructuras críticas, como aeropuertos, estaciones o redes de telecomunicaciones; la vigilancia de eventos multitudinarios, garantizando la seguridad en conciertos, festivales o competiciones deportivas, y la prevención del crimen mediante el intercambio de información con empresas de seguridad privada. Esta colaboración permite optimizar recursos y reforzar la seguridad en espacios donde la presencia policial es limitada.
A pesar de su éxito en la regulación de la seguridad privada, la UCSP tiene aún por delante retos importantes. Destaca, sin duda, el control de herramientas tecnológicas, utilizadas hoy día en el sector de la seguridad privada, como consecuencia de la creciente digitalización del sector y sus actividades. Es decir, hay que crecer por el lado de la ciberseguridad.
Asimismo, la lucha contra el intrusismo profesional sigue siendo una prioridad, ya que la proliferación de empresas y personal no habilitado impacta muy negativamente en la profesionalización del sector.
Las empresas y los detectives privados tienen la obligación de presentar anualmente un informe detallado sobre sus actividades, lo que permite a la UCSP supervisar el sector y elaborar el informe anual que se presenta en Cortes. Esta memoria de actividades es clave para evaluar la evolución y cumplimiento normativo del sector de la seguridad privada en España.
Con el fin de modernizar la gestión y facilitar estos trámites, la UCSP ha impulsado plataformas electrónicas en línea con la Ley 11/2007, de 22 de junio, sobre el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En el marco del Plan Estratégico 2008-2012, se implementó un sistema digital para la gestión de información de empresas y detectives privados, lo que permite una supervisión más ágil, un acceso eficiente a la información y una mayor transparencia. Este sistema informático fue desarrollado por la Sección de Empresas y Despachos de la Brigada Central de Empresas y Personal.
Validaciones provisionales
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada establece en sus artículos 35 y 36 que tanto los jefes de seguridad como los directores de seguridad tienen la facultad de validar provisionalmente los sistemas y medidas de seguridad hasta que la Administración realice la inspección y conceda la autorización definitiva.
En el caso de los jefes de seguridad, el artículo 35 les otorga la responsabilidad de proponer los sistemas de seguridad que resulten pertinentes y controlar su funcionamiento y mantenimiento, pudiendo validarlos provisionalmente hasta que se produzca la inspección y autorización por parte de la Administración. Por su parte, el artículo 36 establece que los directores de seguridad pueden realizar la validación provisional de medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa vigente, hasta que la Administración proceda a su comprobación definitiva.
No obstante, la validación provisional debe ajustarse estrictamente a la normativa de seguridad privada, ya que el artículo 58.1.n) contempla como infracción que cualquier profesional del sector, incluidos ingenieros, técnicos, operadores de seguridad y profesores acreditados, valide provisionalmente sistemas o medidas de seguridad que no se ajusten a la legalidad. Este marco legal busca garantizar que la seguridad privada opere con altos estándares de control y supervisión, evitando deficiencias que puedan comprometer la protección de bienes y personas.
En resumen
La Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) es, como vemos, un pilar fundamental para el sector de la seguridad privada. Su trabajo ha sido clave para garantizar que las actividades de seguridad privada operen bajo estándares normativos rigurosos y en coordinación con la seguridad pública. Desde su origen en los años 70 hasta la actualidad, la UCSP ha evolucionado en paralelo con el crecimiento del sector, adaptando su estructura y funciones para ofrecer un control más eficaz y una mayor supervisión de empresas, profesionales y servicios y sistemas de seguridad.
Su papel no solo se limita a la regulación y supervisión, sino que también se extiende a la colaboración con el sector privado mediante iniciativas como la Red Azul, que permite una mejor coordinación entre las empresas de seguridad y la Policía Nacional. La digitalización de los procesos administrativos ha facilitado la gestión de licencias, habilitaciones y supervisión del personal de seguridad privada, reduciendo cargas burocráticas y optimizando la eficiencia del sistema.
Sin embargo, la UCSP enfrenta desafíos continuos, como la lucha contra el intrusismo profesional, la necesidad de mejorar el control sobre herramientas tecnológicas en el sector y la creciente importancia de la ciberseguridad. Estos retos exigen una actualización constante de los mecanismos de supervisión y regulación para garantizar la seguridad en un entorno cada vez más digitalizado.
En definitiva, la capacidad de adaptación de la UCSP a las nuevas necesidades y su compromiso con la profesionalización del sector la convierten en un elemento clave para garantizar que la seguridad privada sea un complemento eficaz de la seguridad pública, asegurando así la protección de ciudadanos e infraestructuras.
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