Hay una idea incómoda que atraviesa muchas políticas públicas, aunque rara vez se formule de manera explícita: nada cambia de verdad hasta que algo se rompe. No basta con advertencias, informes técnicos o diagnósticos prudentes. El sistema puede conocer sus propias debilidades durante años y, aun así, permanecer inalterado. El cambio profundo suele activarse solo cuando el daño es visible, cuantificable y socialmente intolerable. Es decir, cuando ya ha ocurrido.
Este patrón no responde únicamente a la incompetencia o a la mala fe. Tiene raíces más hondas. El poder -en sus múltiples formas- tiende a operar bajo una lógica reactiva. Gestiona mejor las consecuencias que las causas. La prevención es abstracta, silenciosa, políticamente ingrata y económicamente cara. El daño, en cambio, genera urgencia, atención mediática y legitimidad para intervenir. La catástrofe se convierte así en una condición tácita del cambio.
El problema es que este modelo normaliza el sufrimiento como detonante. No se actúa para evitar que algo ocurra, sino para que no vuelva a ocurrir después de haber ocurrido. El aprendizaje institucional se produce a costa de quienes ya han pagado el precio. La reforma llega, pero llega manchada de daño.
Este mecanismo se repite en ámbitos muy distintos. Accidentes laborales que solo conducen a mejoras tras varias muertes. Infraestructuras que no se refuerzan hasta que colapsan. Sistemas sanitarios que no se revisan hasta que se saturan. Legislaciones que se endurecen tras una tragedia ampliamente mediatizada. El guion es conocido: sorpresa inicial, indignación, promesas, reformas parciales, olvido progresivo. Hasta la siguiente ruptura.
El daño actúa como prueba irrefutable. Frente a advertencias que pueden relativizarse, el desastre impone una evidencia difícil de discutir. Nadie puede negar lo ocurrido. El problema ya no es hipotético. El riesgo ahora deja de ser estadístico y se vuelve narrativo. Tiene nombres, fechas, imágenes. Y esa materialidad es la que desbloquea decisiones.
Sin embargo, este tipo de cambio tiene una impronta particular. Es un cambio defensivo, no transformador. Busca cerrar la herida. Se suele corregir lo que falló de forma más visible, no lo que hizo posible el fallo. Se suele actuar sobre el eslabón que causó el daño, no sobre la cadena entera. Es decir, el daño orienta la reforma, pero también la limita.
Hay además, en todo esto, un efecto perverso. Cuando el daño se convierte en condición del cambio, se introduce una lógica implícita de tolerancia al riesgo. Mientras no haya víctimas, mientras el problema no sea escandaloso, se puede convivir con él. La inacción se justifica por la ausencia de consecuencias inmediatas. El sistema aprende a esperar. Y esperar, en este contexto, significa aceptar que alguien pagará antes o después.
Esta lógica afecta también a la percepción ciudadana. Se genera una sensación de impotencia, en la que nada se mueve hasta que ocurre una desgracia. El mensaje implícito es desolador para la confianza pública. La prevención se percibe como retórica; la reacción, como único lenguaje efectivo. La política pierde su dimensión anticipatoria y se convierte en administración del daño.
Desde el punto de vista institucional, el daño ofrece una coartada poderosa. Permite explicar el pasado sin asumir plenamente la responsabilidad previa. “Nadie podía preverlo”, “era imprevisible”, “se ha actuado conforme a la información disponible”. Estas fórmulas aparecen con regularidad tras cada catástrofe. No siempre son falsas, pero sí incompletas. Casi siempre hubo señales. Lo que faltó no fue información, sino voluntad de asumir el coste político de actuar antes.
El daño también simplifica el relato. Reduce la complejidad a una secuencia clara: antes y después. Permite presentar la reforma como respuesta directa, aunque esa reforma sea insuficiente. El cambio se convierte en gesto. Se legisla, se reorganiza, se anuncia un plan. El sistema demuestra que ha aprendido. Pero lo aprendido suele ser limitado y circunstancial.
Hay, además, un problema temporal. El cambio impulsado por el daño suele ser rápido en su anuncio y lento en su aplicación. La urgencia inicial se diluye con el paso del tiempo. Las prioridades se desplazan. Los recursos se redistribuyen. Y ese impulso reformador inicial pierde fuerza cuando desaparece la presión mediática. El daño ya ocurrió y su recuerdo se va enfriando. El sistema vuelve a su inercia habitual, ligeramente corregida, pero sin transformaciones profundas.
Aceptar el daño como condición del cambio tiene otra consecuencia. La prevención eficaz no deja huella. No genera titulares. No produce agradecimiento explícito. Es, por definición, silenciosa. En una cultura política orientada al impacto inmediato, ese silencio se interpreta como irrelevancia. Se premia la reacción visible, no la anticipación discreta.
Romper esta lógica exige un cambio cultural profundo. Implica aceptar que actuar antes tiene un coste político y económico que rara vez se recupera en términos de reconocimiento. Exige explicar riesgos que aún no se han materializado y pedir sacrificios sin la legitimidad emocional que otorga el daño consumado. Es una tarea ingrata, pero necesaria.
También exige asumir que no todo riesgo puede eliminarse, pero sí gestionarse de forma más honesta. La prevención no promete seguridad absoluta; promete reducir la probabilidad y el impacto del daño. Esa promesa es menos atractiva que la reacción heroica tras la catástrofe, pero mucho más justa.
Mientras el daño siga siendo el requisito implícito para el cambio, las sociedades seguirán aprendiendo tarde. Cada reforma llevará inscrita una pérdida previa. Cada avance será, en cierto modo, un memorial involuntario. No de lo que se evitó, sino de lo que no se supo -o no se quiso- evitar.
La verdadera madurez institucional no se mide por la rapidez con la que se reacciona al desastre, sino por la capacidad de cambiar cuando todavía no hay nada que lamentar. Un cambio sin épica, ni fotos, ni fechas señaladas. Pero es el único que no necesita víctimas para justificarse.
