La evolución de nuestra sociedad y el constante incremento de la necesidad de protección que experimentamos, ha provocado que el Sector de la Seguridad Privada se haya convertido en una pieza clave destinada, no ya solo a la protección privada sino también a la contribución de los niveles óptimos de seguridad pública mediante la implementación de políticas de apoyo, colaboración, cooperación y reciprocidad.
En este contexto, la figura del personal de seguridad privada ha venido evolucionando casi al mismo ritmo, incrementándose los niveles de formación y regulando sus funciones de una forma algo más concreta y detallada, a pesar de lo cual, resulta evidente que la falta de dinamismo legal y la ausencia total de sensibilidad política, ha provocado que la Ley reguladora del Sector de la Seguridad Privada haya quedado obsoleta y sin la solvencia y consistencia que le hubiera dado un reglamento desarrollador de la misma, que fuera actual y que la impregnase de algo más de efectividad.
Y una de las facetas que más deben regularse es la capacitación del personal de seguridad privada pero también, el contexto en el que debe desarrollar su trabajo, de forma que se reconozca una sufrida profesión que asume riesgos y, sobre todo, una gran responsabilidad en su función diaria ya que, no nos olvidemos, se trata de proteger y de ofrecer seguridad, dos de las grandes demandas de nuestra sociedad actual.
El número actual de miembros del sector se sitúa muy por encima de las 250.000 personas, la mitad de ellos en situación laboral de activo, lo que supone, comparado con los miembros de las FFCCSSE, un porcentaje muy elevado de personal de seguridad cuya labor debe ser aprovechada al máximo por lo Público para contribuir a una mayor protección global.
Pero para ello, resulta fundamental un mayor reconocimiento social a esta labor y, sobre todo, profundizar en políticas públicas de divulgación de la existencia y necesidad de este Sector.
Pero, además, hace falta que se otorgue a estos puestos de trabajo la consistencia necesaria para, entre otros factores:
- la integración de la mujer (actualmente situada en torno al 15%) sea más efectiva;
- el grado de conciliación familiar sea el óptimo para que la persona desarrolle su trabajo con profesionalidad y responsabilidad;
- el importe económico que se perciba esté acorde con la importante actividad que se desarrolla;
- se regule de una forma más objetiva y clara tanto las funciones asignadas como las que deben ser excluidas;
- se establezcan políticas que compensen el riesgo, la peligrosidad, la responsabilidad y la dedicación que supone realizar un trabajo de protección en nuestra sociedad.
Todo ello como acciones dirigidas a hacer más digna esta profesión porque las funciones que tiene asignadas así lo demandan. De esta forma, se conseguirá que este Sector sea atractivo a los ojos de los ciudadanos y provoque un incremento, tanto de los efectivos del mismo, como de los servicios para los que se hace necesario.
Pero, hoy por hoy, se trata de un sector no reconocido que no cuenta con demasiado apoyo político (como consecuencia de ello, no dispone ni de un Reglamento actualizado por falta de concienciación o de consenso político) ni tampoco con una situación laboral que le resulte atractiva o esperanzadora al trabajador.
Y ello porque la responsabilidad que supone, la turnicidad y nocturnidad que lleva aparejada, la inexistente conciliación familiar, el riesgo que en ocasiones se debe asumir, la insuficiente protección jurídica, la escasa remuneración económica que se percibe en comparación con la responsabilidad y, por último, la mínima proyección profesional al no confiar en su desarrollo como carrera profesional, son factores que juegan en contra de una profesión que, como se ha dicho, es fundamental, hoy en día, para el bienestar social común.
Es un hecho demostrado que si el trabajador está contento, incrementa su grado de implicación en la labor que le es encomendada, lo que provoca un aumento exponencial de la calidad del servicio.
Calidad como sinónimo de eficacia y de eficiencia pero también como punto de partida para conseguir una satisfacción laboral que le sirva al empleador para convencerse de la idoneidad de proseguir por ese camino y al trabajador como revulsivo para su trabajo diario.
Luchemos, pues, por conseguir un mayor apoyo político que nos sirva para lograr una estabilización y actualización óptima de nuestra profesión, favoreciendo que el trabajador desarrolle su función de una forma digna y honrada, con salario adecuado y con unos beneficios sociales que nos permitan asumir o superar los inconvenientes o contras que esta profesión de riesgo siempre llevará aparejados.
Granada 17 de mayo de 2024
Fdo Eleuterio GUTIERREZ PEREZ
Presidente de la ANDS Siglo XXI
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