La Ley de Ciberseguridad promulgada el 7 de noviembre en la República Popular China regula, en tan solo 79 artículos, aspectos tan dispares como la protección de datos, las obligaciones de las empresas e incluso las posibles sanciones a aplicar, para lo que, en otros países, son necesarias varias leyes, reglamentos y códigos. Esta brevedad se consigue mediante una ambigüedad que se presta a la interpretación y que dota a su vez al Gobierno chino de mecanismos para la monitorización, la censura o el proteccionismo que han generado reacciones por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos así como de las multinacionales del sector. Las cuestiones sobre derechos y obligaciones de ciudadanos y empresas se abordan desde una aproximación que centraliza la responsabilidad en el Estado, en línea con el modelo de gobernanza del ciberespacio que el país promueve internacionalmente, frente al modelo de cooperación público privada que promueven las normativas comparables de otros países.
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