El 11 de julio de 1978 a las 14:36 un suceso devastador sacudió España. Un camión cisterna sobrecargado con propileno licuado explotó cerca del camping de Los Alfaques, en Alcanar (Tarragona) dejando un saldo trágico de más de 200 muertos y 300 heridos. Este suceso marcó un antes y un después en las vidas de las personas afectadas, pero también motivó importantísimos cambios en las normativas de transporte de mercancías peligrosas y en los procedimientos de emergencia.
El camión cisterna provenía de la refinería de Enpetrol en Tarragona cargado con una cantidad de propileno licuado que excedía los límites permitidos. Mientras circulaba por la N-340 el calor propio del verano en esa zona hizo aumentar la presión dentro del tanque, lo que terminó provocando una ruptura en la estructura de la cisterna, que desencadenó una explosión frente al camping Los Alfaques, un lugar turístico muy popular que tenía registradas ese día a unas 800 personas.
El impacto de la explosión fue devastador. Una gigantesca bola de fuego envolvió el camping y las llamas, que alcanzaron temperaturas superiores a los 2000 grados, incinerando todo a su paso. 158 personas murieron instantáneamente, mientras otras sufrieron heridas muy graves que llevarían a su fallecimiento en los días posteriores. La intensidad del calor era tal que incluso el agua de la orilla del mar comenzó a hervir, dificultando el escape de los aterrorizados campistas que huían hacia la playa en busca de refugio. El saldo final fue una de las peores catástrofes civiles en la historia de España.
El análisis posterior del accidente reveló una serie de errores y fallos que contribuyeron a la tragedia. En primer lugar, el camión transportaba 25 toneladas de propileno, cuando su capacidad máxima era de 19. Esta sobrecarga no solo violaba las normas de seguridad, sino que también colocaba una presión excesiva en la estructura del tanque. Además, en aquella época no se habían implementado aun medidas de seguridad adecuadas para el transporte de mercancías peligrosas. La ruta elegida por el camión, una carretera costera muy transitada, no era adecuada para un vehículo con una carga tan peligrosa.
La explosión fue clasificada como un fenómeno BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), donde la combinación de sobrellenado del tanque, el calor extremo y la falta de espacio para la expansión del gas resultó en la ruptura catastrófica de la cisterna. En el momento de la explosión, había entre 300 y 400 personas en la zona más afectada. Además, la explosión hizo que muchas de las bombonas de gas que había en el camping también explotaran, multiplicando el desastre.
Otro factor importante era la falta de procedimientos de respuesta ante emergencias. En los años 70, España no contaba con protocolos de emergencia eficaces ni con una infraestructura adecuada para gestionar desastres de esta magnitud.
El resultado de todo fue una explosión incontrolable y una caótica respuesta inicial de las autoridades, con recursos limitados y falta de coordinación entre los servicios de emergencia. Los hospitales, especialmente el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, quedaron saturados con las víctimas, muchas de las cuales sufrían quemaduras irreversibles. Entre los muertos se encontraban numerosas familias europeas que estaban de vacaciones, lo que convirtió el desastre en un asunto de resonancia internacional.
El accidente de Los Alfaques provocó una revisión inmediata de las normas de seguridad relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas. Las investigaciones posteriores revelaron la falta de controles estrictos en la supervisión de las cargas y la necesidad de imponer sanciones más severas a las empresas que violaran las regulaciones. Se introdujeron nuevas leyes que establecían límites más estrictos en la cantidad de gas inflamable que los vehículos podían transportar y se establecieron rutas específicas para el tránsito de mercancías peligrosas, evitando áreas residenciales o de gran concentración de personas.
El accidente no solo dejó una marca física en la zona, sino también un profundo impacto emocional y social en las comunidades afectadas. Las imágenes del desastre, con cuerpos carbonizados y escenas de destrucción total, se difundieron por todo el mundo. Familias enteras fueron devastadas y el sufrimiento de los supervivientes fue inconmensurable. Pero el trauma afectó no solo a las víctimas y a sus familias; también a los servicios de emergencia y a los residentes locales que presenciaron o participaron en el rescate.
Las empresas responsables, Enpetrol y Cisternas Reunidas, fueron acusadas de negligencia grave. En enero de 1982, seis personas fueron procesadas en la Audiencia Provincial de Tarragona. Dos responsables de Enpetrol fueron condenados a un año de prisión por imprudencia temeraria, mientras que los directivos de Cisternas Reunidas fueron absueltos. La sentencia consideró que el accidente fue causado por negligencias como la sobrecarga del camión y la falta de válvulas de seguridad en la cisterna. Además, las empresas pagaron indemnizaciones a las víctimas por un valor de 2.500 millones de pesetas, equivalentes a más de 13 millones de euros actuales.
No obstante, la condena fue vista por muchos como laxa, ya que no se procesó a los altos directivos de Enpetrol ni a miembros de la Administración que podían haber tenido alguna responsabilidad. Tampoco se exigieron responsabilidades a las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de las normativas de seguridad. Además, se reveló que, entre enero y julio de 1978, 32 cisternas habían salido sobrecargadas de la planta de Enpetrol sin que se tomaran medidas para corregir esta práctica. El hecho de que el camión cisterna explotara frente al camping fue, en gran parte, una combinación de mala suerte y fallos sistémicos.
El accidente de Los Alfaques sirvió como catalizador para una transformación en las regulaciones de transporte de materiales peligrosos en España y Europa. A nivel internacional, también hubo una toma de conciencia sobre la importancia de mejorar la infraestructura y los procedimientos para manejar cargas peligrosas. En respuesta a la tragedia, se implementaron regulaciones más estrictas, como la adopción de normas internacionales de transporte por carretera (ADR), que introdujeron inspecciones más rigurosas y la creación de rutas seguras para el transporte de sustancias peligrosas.
Además, se fortalecieron las capacidades de respuesta ante emergencias, incluyendo la formación especializada para los bomberos y servicios de emergencia en el manejo de sustancias químicas. Las autoridades comenzaron a trabajar en colaboración con expertos de la industria para desarrollar planes de emergencia que incluyeran simulaciones y ejercicios de desastre para estar mejor preparados en caso de incidentes similares.
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