Vivimos en un mundo en constante evolución, sometido a continuos cambios que, en ocasiones, son difíciles de explicar o de contextualizar, pero que marcan un devenir social que afecta a todos los sectores que engloban nuestra actual sociedad.
Y en ese contexto, nuestro sector no es ajeno a ello.
Somos profesionales, sí. Pero necesitamos de una fuerte consistencia normativa para poder desarrollar nuestro trabajo con la máxima responsabilidad en búsqueda incesante de la eficacia y de la eficiencia. Y es ahí en donde entra en juego el sector político y, por supuesto, el legislativo.
Sin embargo, lo que podemos observar, año tras año, es la desidia de todos aquellos que forman parte de la política de nuestro país que parecen más concienciados en rentabilizar económicamente su corto, o menos corto, paso por la política antes que exponerse a promover iniciativas políticas que nuestra sociedad reclama.
Dos factores nos avalan, por un lado, el hecho constatable de que nuestro sector mueve millones anualmente y, por otro lado, que las FFCCSSE no hacen más que decirnos al oído lo que nos necesitan para luchar juntos por una sociedad pública mucho más segura.
Sin embargo, la preocupación de nuestros políticos parece inexistente en un tema tan importante como lo es la protección y la seguridad.
Cada año llega el día de la Seguridad Privada, siempre entorno al mes de mayo/junio, y cada año sabemos sobre qué eje va a girar cada uno de los discursos que, bien los subdelegados de gobierno o bien de los mandos policiales que presiden esos actos por toda la geografía española, van a pronunciar.
Sabemos de antemano que nos van a regalar los oídos con expresiones como “buen año para la Seguridad Privada”. “necesidad de aumentar la colaboración y cooperación”, “fomento de la participación del Sector”, etc. Palabras que ya se han quedado obsoletas y vacías de contenido tras observar cómo, año tras año, nos ningunean obviando la necesidad de que se sienten los organismos afectados y “construyan” un Reglamento de regulación de las actividades del Sector de la Seguridad Privada que sustituya, de una vez por todas y sin necesidad de “parches legislativos” a la regulación existente que data, nada más y nada menos, que de 1.994.
Una regulación publicada veinte años antes de que surgiera la nueva Ley de Seguridad privada en 2014. Sinceramente, ¡UNA VERGÜENZA!
Lanzo una pregunta al aire, aunque dirigida muy concretamente al extracto político de nuestro país: ¿Cómo creen Uds. que se puede aspirar a una mayor fortaleza del Sector de la Seguridad Privada, si se la obvia constantemente a la hora de legislar su regulación?
Y es que, no simplifiquemos, esa regulación abarcará facetas tan importantes como lo son: su operatividad, su viabilidad, su consistencia laboral, la estabilidad del trabajador, y su reconocimiento social.
Basta ya de palmaditas en la espalda y pónganse las pilas para regular este sector. Se trata de una necesidad perentoria imprescindible para luchar eficazmente contra el intrusismo y para afianzar una labor profesional que demuestre a nuestra sociedad la importancia de este sector como complemento, apoyo y fiabilidad de la actuación protectora desarrollada por el sector público.
Es incuestionable que nuestra Sociedad necesita de la aportación de nuestro Sector. La seguridad privada se ve desbordada por el incremento de las formulaciones delincuenciales que la evolución tecnológica ha provocado, de forma que, para intentar proporcionar unas cotas mínimas de protección, debe recurrir a buscar la cooperación y la colaboración de los integrantes del sector de la seguridad privada. Es por ello, precisamente, que se hace más necesaria una regulación actualizada y coherente que permita aprovechar al máximo el potencial de la seguridad privada.
Aspectos tan importantes como los de: formación, acceso, funciones, equipamiento, conciliación y retribución, no se pueden dejar al arbitrio de unos empresarios que buscan un rédito personal o económico, sino que deben ser regulados normativamente en búsqueda del bienestar y satisfacción personal y laboral, de los miembros de la seguridad privada.
El intrusismo es una lacra que perjudica enormemente al Sector, tanto en el aspecto profesional como en el aspecto de reconocimiento social de su función. Además, juega muy en contra de la sostenibilidad y viabilidad, económica y laboral, de las empresas legales que se dedican a la seguridad privada y que ven peligrar su contratación por culpa de factores externos que no están recogidos en la legislación al respecto pero que, desde la Administración, no se combaten de forma efectiva al carecer de medios y, sobre todo, de una consistencia legal que ampare la persecución de esas actuaciones ilegales.
Por último, y siendo muy consciente de que dejo en el olvido otras muchas argumentaciones que podrían tener cabida en este artículo, basado en la súplica de que se publique un Reglamento regulador de la seguridad privada, me gustaría tocar otro tema de incandescente importancia como es la aportación tecnológica que el Sector puede proporcionar en la protección y en la seguridad.
Como ya se ha mencionado anteriormente, el sector mueve millones de euros cada día, no ya solo en facturación directa sino también incentivando constantemente una inversión económica dirigida a fomentar el perfeccionamiento de los medios y sistemas que complementan la protección.
Las cámaras de videovigilancia, cada vez mejores y más sofisticadas, los sistemas de alarma e intrusión, los sistemas dirigidos concretamente a combatir la ciberdelincuencia o los medios para ayudar en la protección concreta de personas vulnerables socialmente, son solo unos ejemplos que lo que nuestro sector puede contribuir en esa protección.
Todo lo hasta aquí analizado supone un coste económico que debe asumir cada empresa que se constituye dentro del Sector de la seguridad privada y que, por tanto, se ve obligada al cumplimiento exhaustivo de una serie de requisitos y condiciones para adecuar su actividad a la normativa vigente.
El problema viene dado cuando se permite el funcionamiento de empresas no homologadas o debidamente acreditadas conforme marca nuestro Ordenamiento, o que aprovechan el vacío legal para expandir sus actividades, perjudicando no solo a la eficacia y efectividad del servicio de protección que se contrata sino también al aspecto reputacional de nuestro sector, impidiendo un mayor reconocimiento social de esta importante labor social, cargada de responsabilidad pero olvidada en gran medida por nuestros legisladores.
Por favor, Sres. políticos, sean del bando que sean, conciénciense de una vez de esta problemática y consensuen una actualización urgente, diligente y dinámica, además de coherente con las necesidades actuales de nuestra sociedad, de la legislación que debe regular las actividades de la seguridad privada en nuestro País.
SÍGUENOS EN ...
